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Neltume, sueños de poder popular: a 48 años del caso Liquiñe

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Por: Paulo Cuadra | Publicado: 10.10.2021

https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/10/10/neltume-suenos-de-poder-popular-a-48-anos-del-caso-liquine.html

12 de septiembre de 1973. Mientras Santiago se recuperaba del agitado día anterior, en la zona cordillerana de la Región de Los Ríos, se orquestaba el primer acto de resistencia armada en contra del naciente régimen militar. Un grupo de jóvenes del lugar, pertenecientes al MIR, se organizaba para rodear al retén policial de la localidad de Neltume y comenzar el ataque. Entre ellos se encontraba el célebre “Comandante Pepe”, gran líder político insurgente y revolucionario que posteriormente fue víctima de la Caravana de la Muerte. A pesar de no registrarse víctimas fatales de ese enfrentamiento armado, el régimen reaccionó con gran fuerza a ese intento de respuesta popular armada, a través de una serie de acciones de inteligencia militar asociadas a detenciones, ejecuciones y desapariciones de civiles. A esto se sumó, como motivo de alarma para el régimen, el hecho de que en esta zona se había demostrado una gran participación política del pueblo dentro de los procesos de reformas agrarias.

El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, ubicado en las cercanías del pueblo de Neltume, surgió a partir del proceso de tomas de predios y fábricas por parte de los trabajadores durante los primeros años de gobierno de la UP. Los trabajadores, de manera inédita, comenzaron a reclamar el control de los principales medios de producción del país. En la zona cordillerana de Valdivia llegaron a ser 22 los predios forestales tomados. El Estado hizo su parte y, sometido a las presiones de los sectores opositores, tomó cartas en el asunto y decidió expropiar estos fundos y estatizar las empresas productoras. Esto dio paso a la primera experiencia de poder popular en Chile con participación directa del Estado en el otorgamiento de poder de control y de planificación de la producción a los trabajadores.

Durante la madrugada del 10 de octubre de 1973 un convoy militar formado por un vehículo del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), una ambulancia y un auto particular facilitado por el civil Luis García, se dirige al sector de Liquiñe y sus alrededores a realizar una serie de detenciones. El ministro Alejandro Solís, juez a cargo de una serie de casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos, estableció que en estos hechos participaron efectivos de la Fuerza Aérea de Temuco junto con carabineros locales. Durante esas horas fueron detenidas 16 personas: quince trabajadores del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y una profesora de la escuela de Puerto Fuy. Todos fueron inculpados como sospechosos de participar del ataque al retén. Algunos fueron secuestrados de sus domicilios en la localidad de Liquiñe y otros detenidos directamente en su lugar de trabajo en el complejo.

Una vez realizadas las detenciones, los vehículos se agrupan en el cruce a Coñaripe y emprenden rumbo hacia Temuco. Al pasar por sobre el puente Rodrigo de Bastidas, que cruza el nacimiento del río Toltén en la ciudad de Villarrica, el convoy se detiene y se ordena la bajada de los 16 detenidos. Allí todos son formados, mientras permanecían amarrados y vendados. Estaba oscuro, nadie circulaba por las calles a esas horas, cuando de pronto una ráfaga de disparos rompió la calma del lugar: los 16 cayeron muertos sobre el puente. Acto seguido, a los uniformados se les instruyó lanzar los cuerpos al cauce del río, no sin antes amarrarlos a pesadas piedras para que no flotaran. No obstante, temprano por la mañana, boteros del lugar divisaron algunos cuerpos que fueron arrastrados hasta la orilla, quedando atrapados entre la vegetación. Cuando dieron aviso a Carabineros, estos les ordenaron empujar los cuerpos hacia el cauce del río perdiéndose en sus profundidades. El tránsito del puente fue cortado y se les ordenó a los bomberos limpiar la sangre acumulada en el sector. Hasta el día de hoy, ninguno de los cuerpos ha sido recuperado. Estos hechos son conocidos entonces como el “Caso Liquiñe”.

De esta manera el régimen militar puso fin al sueño de miles de trabajadores de ejercer el legítimo derecho de controlar sus destinos a través de la ejecución de un proyecto inédito de participación obrera en la producción nacional.

En una conversación con Raúl Lagos, hijo de Luis Lagos Torres, me describió cómo fueron los hechos previos a la desaparición de su padre. El día anterior ambos son detenidos y trasladados a Valdivia. Allí fueron golpeados e interrogados en busca de información sobre la emboscada al retén Neltume: “Nos tomaron en la casa y nos soltaron allá en Valdivia, nos llevaron a la fiscalía militar, ahí nos tenían presos”, señaló. Luego de eso fueron liberados bajo amenazas: “Ahí llegamos a nuestra casa. Estábamos más o menos tranquilos porque nos hicieron firmar una declaración jurada a todos los que estábamos ahí. Así que dijimos: con esta cuestión estamos libres ya. Pero igual, decía yo, mi papá no se encontraba muy tranquilo… y ahí como a las 11 de la noche llegan ellos…”. El relato de Raúl, como el de tantos otros familiares, se construye a partir del profundo dolor de una herida que no ha sanado.

Los intentos de impartir justicia, por parte del ministro Alejandro Solís, se vieron reflejados en su libro Plaza Montt-Varas sin número. Memorias del ministro Alejandro Solís, donde relató los hechos ocurridos, en cuya sentencia, dictada en enero de 2006, condenó al teniente coronel del Ejército Hugo Guerra Jorquera a la pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, “la más alta fijada por violaciones a los derechos humanos hasta entonces”, y a pagar una indemnización de 250 millones de pesos en su calidad de autor de once delitos de secuestro calificado. También fue condenado el civil Luis Osvaldo García Guzmán, como autor del delito de secuestro calificado en la persona de Luis Armando Lagos Torres, a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo. Sin embargo, la Corte Suprema, aplicando el estatuto de la media prescripción, otorgó a ambos individuos el beneficio de libertad vigilada. Ninguno de los culpables de este caso pasó un solo día en la cárcel.

El “Caso Liquiñe” se enmarca, como tantos otros casos de violaciones a los derechos humanos, dentro de un contexto de ensañamiento militar en contra de la clase trabajadora. La misma clase que durante los años previos había cumplido el sueño de controlar los medios de producción y equilibrar la balanza en base a la justicia social. La colaboración y/o participación de civiles en estos casos da cuenta de una suerte de venganza de parte de los latifundistas que habían sido afectados por la Reforma Agraria y las expropiaciones. El premio por su colaboración sería retribuido en forma de devolución de las tierras expropiadas, durante la contrarreforma agraria del régimen militar.

El involucramiento y la participación política de la clase trabajadora durante aquellos ajetreados años de la década del 70 remeció las bases tradicionales de la estructura social chilena, provocando un temor inédito en los sectores dominantes de la sociedad que sólo pudo ser apaciguado por el golpe de Estado y la sanguinaria dictadura posterior: las  Fuerzas Armadas, a través de un proceso orquestado por el imperialismo norteamericano y por la oligarquía chilena, devolvieron los beneficios a los poderosos en desmedro de un pueblo políticamente muy culto y, por ende, extremadamente peligroso para las élites de la época.

Neltume será recordado por la historia, como tantos otros casos, como un lugar donde se hicieron realidad los sueños de poder popular de la clase trabajadora. Hoy, a 48 años de ocurridos estos crímenes, recordamos a los 16 asesinados del río Toltén y a todas aquellas familias que debieron seguir adelante luchando contra el negacionismo y el odio que les arrebató a sus seres queridos: obreros y trabajadores que vivieron el sueño de ser dueños de su futuro.

De este modo, y considerando el contexto electoral actual, resulta prudente reivindicar la conciencia política que el pueblo chileno construyó previo a la dictadura e involucrarse en los procesos democráticos con los que contamos hoy en día. No da lo mismo quien gobierne, y quien lo haga debe luchar contra el negacionismo y los pactos de silencio de las cúpulas militares. Sólo así la sociedad chilena puede avanzar hacia la construcción de una memoria histórica con base en la verdad, justicia y reparación.

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Paulo Cuadra

Estudiante de Antropología Social de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Integrante del equipo de investigación del proyecto Fondecyt «Cuerpos ausentes/cuerpos presentes: Experiencias de familiares de detenidos-desaparecidos en Chile”, encabezado por la docente Laura Panizo.