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Sentir el patrimonio: entre una ley antidemocrática y el proceso constituyente

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(*)El artículo fue realizado por Camila I. Cataldo, Camila Maulén R., Laura Panizo, Nicolás Valenzuela, Nicolás Riquelme, Matías Restelli, Paloma Vargas y Paulo Cuadra del Proyecto de Investigación “Cuerpos ausentes, cuerpos presentes”,Escuela de Antropología Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

https://laneta.cl/sentir-el-patrimonio-entre-una-ley-antidemocratica-y-el-proceso-constituyente/

En este artículo escrito por estudiantes e investigadores del Proyecto “Cuerpos ausentes, cuerpos presentes”(*), de la escuela de Antropología Universidad Academia de Humanismo Cristiano, se ahonda en la resignificación y descolonización del patrimonio, además de una lectura crítica a la ley de patrimonio cultural y un análisis a las memorias que se levantaron tras el “despertar” de la ciudadanía en octubre de 2019.

La fuerte aparición de candidatos independientes electos y el voto de castigo a los partidos tradicionales demostró la fuerza de los símbolos que se extendían en las calles durante las manifestaciones de la revuelta de octubre del 2019. Dentro de estos símbolos, la disputa de poder en el espacio público se desplegó en diferentes aristas del patrimonio con nuevos lugares de memoria, o en la resignificación de viejos espacios. Estos emblemas e iconos de lucha continúan en disputa y se reflejan en el cuestionado proyecto de ley de patrimonio cultural (Boletín N° 12.712-24). 

Hoy, con nuevas caras a una Convención Constitucional, diversas interrogantes se instalan en la conformación de una nueva Carta Fundamental, una de ellas es el patrimonio y memoria. ¿Quiénes deciden sobre los recursos para conservar y exponer los elementos que nos identifican? o mejor dicho ¿Cómo es la forma más adecuada de iluminar, conservar y referir los diferentes espacios sentidos?

«La disputa de poder en el espacio público se desplegó en diferentes aristas del patrimonio con nuevos lugares de memoria, o en la resignificación de viejos espacios. Estos emblemas e iconos de lucha continúan en disputa y se reflejan en el cuestionado proyecto de ley de patrimonio cultural».

El jueves pasado el proyecto de ley de Patrimonio Cultural fue aprobado por 7 votos contra 6 en la comisión de cultura de la cámara de diputados, un proyecto que se podría tildar de reaccionario a las memorias instaladas de la movilización de millones y pueblos originarios. Primero, porque cambia la composición del Consejo Nacional de Patrimonio donde la sociedad civil no es considerada como un actor fundamental y en su lugar se encuentran académicos y funcionarios del gobierno. Una postura completamente antidemocrática, que no busca la participación sino la resignación, sobre todo de la voz indígena, ausente desde la discusión de este proyecto de ley(1) y también en su aplicación, pues no tendrán representación en el futuro Consejo Nacional del Patrimonio Cultural. 

Otro aspecto a considerar es que el proyecto de ley pretende cambiar las categorías de protección, cambiando la definición de “sitio de memoria” al separarla de la categoría de Derechos Humanos desde la eliminación del informe y requerimiento previo emitido por la subsecretaría de Derechos Humanos. Si bien, a simple vista pareciera ampliar esta categoría desde su autonomía, lo cierto es que la coarta al no vincular el reconocimiento del Estado con los crímenes de lesa humanidad cometidos ayer y hoy.

Esta desvinculación de la agencia del Estado no solo en el resguardo de los sitios de memoria frente a atentados negacionistas, sino en relación a su responsabilidad en la violación a los derechos humanos, neutraliza, en el proyecto de ley, el carácter político de los sitios de memoria y denota aún más la necesidad de una política pública por la memoria, la justicia y la verdad.

Es así como vemos, en este contexto actual, cómo se entrelaza la institucionalidad estatal promotora de un proceso democrático inédito, con aquella misma institucionalidad que corrompe la democracia que pregona y levanta barreras a la representatividad de la sociedad civil. Por un lado, vemos la irrupción de “lo popular” y su triunfo electoral, en relación a la gran cantidad de escaños logrados por candidatos independientes en la convención. Como también el importante precedente que significa la paridad de género, algo nunca antes ocurrido en ningún proceso constitucional del mundo, y la presencia asegurada de representantes de pueblos indígenas que buscarán instaurar la plurinacionalidad en Chile. Mientras que, por otro lado, somos testigos de cómo se busca apartar a la sociedad civil de su posición fundamental con la tramitación de la nueva ley de patrimonio cultural.

«Esta desvinculación de la agencia del Estado no solo en el resguardo de los sitios de memoria frente a atentados negacionistas, sino en relación a su responsabilidad en la violación a los derechos humanos, neutraliza, en el proyecto de ley, el carácter político de los sitios de memoria y denota aún más la necesidad de una política pública por la memoria, la justicia y la verdad».

Según Prats (1997), el patrimonio es un artificio ideado por un colectivo en algún lugar y momento. Se trata de una representación simbólica de la identidad de una sociedad determinada cuya intención busca crear una realidad con sentido propio. Esta identidad se descontextualiza y recontextualiza según la legitimación social y así lo vimos venir masivamente en octubre del 2019.

Durante los meses de rebelión, símbolos, signos, ritos y costumbres se transformaron al alero de las movilizaciones. Se derribaron estatuas y bustos de los iconos de la opresión estatal, como las estatuas de militares y empresarios, las cuales fueron exhibidas en el centro de las plazas de cada ciudad. La expresión política, artística y cultural de los manifestantes cuestionó la validez y transformó la retórica de los monumentos y del patrimonio material cultural, causando una intervención estética de espacios comunes, y la necesidad de legitimar un nuevo legado como objeto en la construcción de la memoria histórica.

«Durante los meses de rebelión, símbolos, signos, ritos y costumbres se transformaron al alero de las movilizaciones. Se derribaron estatuas y bustos de los íconos de la opresión estatal, como las estatuas de militares y empresarios, las cuales fueron exhibidas en el centro de las plazas de cada ciudad».

Un ejemplo de ello fue la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Baquedano) como epicentro de las movilizaciones en la capital nacional, donde cada viernes se intentaba derribar o dañar la imagen de la estatua del general Manuel Baquedano, lo cual llevó a que el Consejo de Monumentos Nacionales ordenara el retiro de la estatua del epicentro de las manifestaciones. Como sostiene la académica y antropóloga Francisca Márquez, los derribamientos de monumentos, contra monumentos o monumentos insurrectos nos recuerdan también que los relatos de la nación se hacen también de dolorosa subalternidad. Se trata de la actualización una y otra vez de la Plaza, la cual desdibuja el sueño higienista y monumental que impone el colonialismo europeo, republicano y patriarcal a cambio de la transgresión y desmonumentalización de iconos de la historia oficial (Márquez, Colimil, Landeros, Martínez, 2020). Así, detrás del retiro de la estatua aparece por un lado un cambio político como señala Verdery (1999), la estatua del famoso al ser retirada cambia de su temporalidad y de la protección de la historia oficial. En este nuevo paisaje sin la estatua Baquedano, cambiaron el orden político de un entorno que llevaba su nombre y es ahora en su ausencia que, sin más remedio para sus detractores, ratificaron la esencia, el nombre y el simbolismo de la Plaza Dignidad. Un ejemplo de nuestro sentir colectivo y la aparición de un lugar de memorias es el colorido memorial de Mauricio Fredes en la esquina de Alameda con Irene Morales, el cual se ha instalado como un espacio de emociones y memorias de lucha en conmemoración al obrero de la construcción asesinado por la policía.

Por otro lado, a través de estas acciones, en donde se proyectan los proyectos políticos ideológicos de los grupos (ibid.) se ponen en escena diferentes formas de sentir, manifestar, purificar, y hacer catarsis. Douglas (1973) sostiene que la restricción está destinada a proteger lo profano, donde el acto de ensuciar y profanar consiste en la instalación del desorden, o, mejor dicho, en la instalación de un nuevo orden simbólico.

«En este nuevo paisaje sin la estatua Baquedano, cambiaron el orden político de un entorno que llevaba su nombre y es ahora en su ausencia que, sin más remedio para sus detractores, ratificaron la esencia, el nombre y el simbolismo de la Plaza Dignidad».

Aunque ese acto profundo, político, de rechazar y destruir la herencia monumental opresiva y empresarial no se hizo únicamente mediante el derribamiento de estatuas, sino también a través de la catarsis iconoclasta del fuego. 

La quema de estaciones de metro, grandes cadenas de supermercados, comisarías, vehículos policiales, y los escombros convertidos en barricadas, no solamente traen consigo la evidente imagen de la destrucción, sino un sentido político de transformación y purificación de un espacio que causa rechazo, cuyo fuego es sinónimo de resignificación. Forma parte de una performance de resistencia milenaria y un elemento movilizador que se reproduce y expande en diversos escenarios. Así, cada vez que prende, se configura como un elemento central de alta integración simbólica que transmite y estimula emociones y reflexiones sobre la historia y entre otras cosas, sobre el dilema de las dimensiones representativas de la institucionalidad.  

Durante la revuelta, en las cercanías de Plaza de la Dignidad distintos espacios de entretención y memoria actuaron como un centro de asistencia y resistencia de símbolos. Estos espacios se convirtieron (o reconvirtieron) en nuevos lugares de memoria. Uno de ellos fue el Centro Cultural Gabriela Mistral, que en 1972 el gobierno de Allende inauguró como sede para la Tercera Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNTAC) y que durante el Golpe fue ocupado como centro de operaciones del régimen, bautizándose bajo el nombre Edificio Diego Portales. Durante el gobierno de Michelle Bachelet el edificio se levantó como centro cultural después de un gran incendio, siendo un espacio de la juventud y también de punto de encuentros de marchas y manifestaciones. También, un espacio de memorias ha sido Londres 38, centro de detención y exterminio de la DINA, el cual tuvo un rol importante en la resignificación simbólica de las demandas de la rebelión con la consigna “toda la verdad, toda la justicia” ante los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de Sebastián Piñera. En el periodo de revuelta Londres 38 funcionó como un centro de asistencia médica para los manifestantes heridos y también como un espacio de activismo político y social, apropiándose de distintos tiempos en un solo lugar. Un palimpsesto de memorias.

El contenido político de estos lugares de memoria se ha diferenciado de los sitios de memoria que han sido instalados por el régimen o gobiernos de turno para legitimar un discurso hegemónico(2). Los lugares de memoria, al contrario, resignifican y hacen presente la ausencia desde el espacio público con el uso, desuso y abuso del contexto convulso (García, 2020).

«Aunque ese acto profundo, político, de rechazar y destruir la herencia monumental opresiva y empresarial no se hizo únicamente mediante el derribamiento de estatuas, sino también a través de la catarsis iconoclasta del fuego».

Las resignificaciones y descolonización de nuestro patrimonio y nuestras memorias se han levantado con el “despertar” de millones desde octubre de 2019, junto con ello las historias se tejen en arpilleras de barrios y poblaciones contra la represión policial como en la comuna de Peñalolén, bailan la cueca sola cada 11 de septiembre con pañuelos verdes en algún sitio donde queramos recordar a quienes quisieron ausentar o también viaja al corazón del Wallmapu en un movimiento subterráneo de tomas de tierras ancestrales. Es decir, las historias entran en escena a través de las emociones y se expresan políticamente en un lugar. Se tejen, se bailan, golpean, derriban, construyen y hacen del pasado y del presente espacios públicos de despliegue de la memoria colectiva y social. Hoy, quizás, después de la ebullición de emociones a partir del estallido social, tengamos la posibilidad de reflexionar con mayor profundidad sobre nuestras acciones para interpretar el pasado, dar lugar al presente sentido y construir nuevos saberes para el futuro patrimonial. 

Pie de página:

1.De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Chile en el año 2008, señala que debe existir una consulta indígena ante cualquier proyecto que provoque una afectación directa en cualquier aspecto sobre la vida de los pueblos indígenas.

2.Los sitios de memoria son los lugares donde ocurrieron asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, procedimientos previos a la desaparición forzada de personas, o donde se ejerció la tortura y la prisión política. Algunos otros simbolizan simbolizan también para la comunidad o familiares, el recuerdo de esos hechos (IPPDH, 2012). Así, los sitios de memoria son definidos por un vínculo entre la evocación y la historia, realizado por quienes dan significado al lugar, y que se expresa en placas, grutas, señales y otras marcas. En este universo de espacios diversos están aquellos reconocidos por el Estado como lugares de violaciones a los derechos humanos y, dentro de ellos, los definidos como monumentos históricos (informe anual del INDH del 2018). 

3.Se agradece la atenta lectura de Francisca Márquez y de Adriana Goñi Godoy.

Referencias mencionadas: 

Douglas, M. (1973) Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Siglo XXI. España. 

García, C. (2020) Caminar el presente, intervenir el pasado: de lugares a espacios de memoria. Huarte de San Juan. Geografía e Historia, 27 / 2020 / 7-20

Márquez, F; Colimil, M; Jara, D; Landeros, V; Martínez, C. (2020). Paisaje de la Protesta en Plaza Dignidad de Santiago, Chile. Revista Chilena de Antropología 42: 112-145

Prats, L. (1997). Antropología y Patrimonio (A. Antropología, Ed.). Barcelona.

Verdery, K (1999) The Political Lives of Dead Bodies. Reburial and Postsocialist Change .